Por: Édgar Arrieta González.

La política debe ser un ejercicio de servicio, de interpretar a los demás, pues, es la mejor manera de buscar estrategias que nos permitan avanzar en la lucha por la defensa de los colombianos, por aquellos que menos posibilidades han tenido, porque haya paz en nuestro país.

 A raíz de tantos actos violentos, desde cuando exploto la bomba de los falsos positivos, se realizaron muchas investigaciones, cayeron y siguen cayendo integrantes del ejército y policía. No podemos desconocer la incidencia por parte de organizaciones de Derechos Humanos por allá en el 2003, donde se dieron una serie de denuncias de personas que informaban que sus familiares habían sido víctimas de ejecuciones sin tener nada que ver con el conflicto armado.

Estas organizaciones decidieron invitar a una misión informal de expertos internacionales integradas por académicos, abogados, sociólogos, de países europeos, Canadá y Estados Unidos, para que constataran la situación y ellos elaboraron un primer informe en el cual se estableció que las denuncias se habían incrementado grandemente y que tenían unas características muy singulares y es que las personas que aparecían en estos hechos, regularmente jóvenes de sectores marginados y rurales estaban siendo presentados como miembros de grupos al margen de la ley; a raíz de esa situación se le hizo la petición al gobierno que enfocara esfuerzos específicos ante tal situación. Lamentablemente, la Administración respondió este informe de manera muy defensiva y en vez de promover una actividad de búsqueda, de esclarecimiento, decidió tildarlo como una agresión a la seguridad democrática.

Como resultados de estas posiciones se solicitó el apoyo de las Naciones Unidas y al Relator de Ejecuciones Extrajudiciales, no obstante estallo el episodio de Soacha, este hecho fue el que hizo que la opinión pública mirara hacia este acontecimiento, ya que allí fue donde se descubrió que había un patrón, que no eran hechos aislados, que había directrices para realizar estas ejecuciones a las que llamaron falsos positivos, una designación no muy afortunada, pero, que hizo conocer el fenómeno, denunciando ante la Fiscalía Nacional miles de casos complementadas con informes de las Naciones Unidas y catalogadas como crímenes de lesa humanidad.

Se siguen haciendo investigaciones y destituciones en diferentes organismos del Estado, pero no se han obtenido resultados en términos de justicia, pues, se avanza con muchas dificultades en el esclarecimiento de estos hechos. Los colombianos esperamos resultados y se conozca la verdad para de esta manera empezar a vivir en paz.