Montería. El caso del fiscal Antibacrim, Mario Alberto Lora Correa, fue uno de los más sonados no solo en Montería, donde ocurrieron los hechos, sino también en todo el país por la magnitud de este. Hoy, nuevamente sale a la luz porque camina hacia la prescripción. 

El Meridiano conoció que la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Penal, Sala de Decisión de Tutelas N°3, se pronunció en relación a la acción de tutela promovida por Adolfo Toscano Hernández, Procurador 229 Judicial I Penal de Montería, contra la Sala de Conjueces de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, ya que son más de dos años y 10 meses los que han pasado y estos no se han pronunciado sobre el recurso de apelación interpuesto por el representante del Ministerio Público al preacuerdo suscrito en su momento, entre la Fiscalía y Lora Correa, que buscaba favorecer al procesado con casa por cárcel si aceptaba su culpabilidad en los hechos. 

Toscano Hernández optó por la tutela ya que según él, se estaba presentando violación de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia y hasta 'el sol de hoy' los conjueces no han dicho una sola palabra a sabiendas de que en junio del 2026 el caso prescribe.  

Lo que ha pasado 

Como se sabe, el ente acusador y Mario Alberto Lora Correa suscribieron una negociación a la que el Procurador se opuso porque más allá de que el victimario compensaría a las familias de las víctimas, este acuerdo no le hacía justicia a los hechos ocurridos el 19 de junio de 2016, en un establecimiento de la calle 41 de Montería. 

Ese día fueron asesinados los jóvenes Harold David Suárez Rivas y Camilo Andrés Rodríguez.

La posición del Ministerio Público fue avalada por la juez que llevaba el caso en ese momento, Ana Brigitte Verbel, ya que en el mismo se establecía que Lora Correa pagaría solo siete años de cárcel con beneficio domiciliario y laborando normalmente como lo hace hoy. 

La jueza de control de garantías indicó que el acuerdo no fue argumentado en derecho por la fiscal Cuarta Seccional de la Unidad de Vida, Shirley Barrios, señalando que el delito imputado al fiscal Lora fue grave (homicidio agravado) y que por ello no se podría permitir que purgara una pena de solo siete años y menos, en su residencia. 

Señaló además Verbel, que en la investigación se logró establecer que hubo desproporcionalidad sobre las víctimas ante un sujeto armado con una pistola de alto poder. También argumentó que no se demostró la ira e intenso dolor o la defensa personal, como se manifestó en un principio. 

Ante esta situación, la defensa del Fiscal y el ente acusador apelaron ante el Tribunal Superior el Distrito Judicial de Montería que revocó la decisión de la juez y le ordenó que se cumpliera el preacuerdo al pie de la letra. "Como mi superior me ordenó esto, saqué la sentencia", dijo Ana Brigitte Verbel.

Tienen un mes 

Ahora, luego de que la Corte Suprema fallara a favor del Procurador Judicial, ordenó a la Sala de Conjueces que en el término de un mes a partir de la notificación de esta determinación (24 de abril), adopte la decisión respecto del recurso de apelación y convoque a las partes e intervinientes para la lectura de esta, es decir, que tienen hasta el sábado 24 de mayo (en dos días) para dar una respuesta.  

Y es que en la sustentación de la tutela, se dejó ver que no era la primera vez que se le solicitaba a los conjueces una respuesta ante la apelación. 

Ya lo habían hecho el 18 y 22 de diciembre de 2022, el 6 de marzo, el 6 de julio, el 9 de octubre y el 6 de diciembre de 2023, así como el 2 de abril, el 24 de mayo, el 26 de agosto, el 29 de octubre y 16 de diciembre del 2024 y 7 de febrero de 2025.