Redacción. Hace un año y seis días que el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Sincelejo decretó las casi 200 pruebas que presentaron las partes, en el caso del cartel de los "enfermos mentales", y a la fecha el ente penal no ha decidido cuáles entrarán al juicio oral y público que se le hará a los implicados en este escandaloso caso de corrupción que se gestó desde la Secretaría de Salud de Sucre hace casi diez años en el gobierno de Julio Guerra.

Y es que la audiencia preparatoria aún continúa, y la misma está en la etapa donde el juez debe resolver la solicitud de pruebas que presentaron las partes los días 8 y 10 de abril, y 8, 15 y 29 de mayo del año pasado.

Así se lo dio a conocer a El Meridiano el Juzgado que lleva el caso, al tiempo que indicó que la preparatoria continúa el próximo 4 de julio a las 8:30 de la mañana.

Recordemos que los implicados son los exsecretarios de Salud departamental. Nayibe Padilla Villa, José Jorge Madera Lastre y Efraín Suárez Arrieta.

También figuran Samir Serpa Álvarez y Nadim Farak Arrieta, funcionarios de la Secretaría de Salud Departamental.

De igual forma están los particulares Luis Alberto Fadul Díaz, en calidad de representante de la Fundación Nuevo Ser, y Juan Carlos Fadul Álvarez. También Samuel Palencia Tovar.

Estas personas están siendo procesadas porque entre 2013 y 2015, la Gobernación de Sucre pagó cerca de 5 mil millones de pesos para hospitalización y tratamiento de supuestos enfermos mentales inexistentes. Tanto la Contraloría y la Fiscalía hallaron que los pacientes no existieron y la facturación fue pagada con soportes aparentemente falsos.

Tanto estas personas y otras fueron capturadas en marzo de 2017. En ese entonces, la Fiscalía dijo, en las audiencia preliminares, que tenía las prueba donde los médicos tratantes señalaron que no tenían contrato vigente siquiera con las dos IPS investigadas y beneficiadas con estos pagos, que se realizaron a la Clínica Nuevos Amaneceres y la Fundación Nuevo Ser.

Los sellos que se usaron no pertenecen a los profesionales médicos, la literatura médica utilizada no tiene ningún rigor científico, a todos los pacientes se les ordenaba el mismo tratamiento, medicamentos y evolución clínica. En consecuencia a través de esta modalidad se apropiaron de $ 5 mil millones de pesos de recursos de la salud de Sucre.

Los implicados en el cartel de los enfermos mentales están en libertad por vencimiento de términos. Según la Fiscalía, desfalcaron al departamento cobrando la atención de pacientes mentales que nunca existieron.

Es de anotar que el primer ente de control en descubrir este entramado fue la Contraloría General de la República, la cual compulsó copia a la Fiscalía para que procediera en la parte penal.

Los hallazgos fueron detectados tras una auditoría realizada al manejo de las regalías de la Gobernación de Sucre. "En 236 de las facturas, que correspondían a supuestos tratamientos a enfermos mentales drogodependientes, usaron el nombre y la firma de un médico psiquiatra que para el momento de los hechos ni siquiera trabajaba con la mencionada Fundación", indicó la Contraloría.

Alegó en ese entonces la Contraloría que en diciembre de 2012, la Gobernación de Sucre pagó a favor de la Fundación Camino a la Virtud, más de 3.475 millones de pesos, por supuestos servicios de salud mental No POS, con recursos correspondientes a la Población Pobre No Asegurada – PPNA del Departamento.

Sin embargo, al revisar la facturación mostrada por el ente territorial, la Contraloría General encontró que los soportes de 521 de las facturas corresponderían a servicios que nunca fueron prestados, pero por los que sí se pagaron más de 2.640 millones de pesos.

En este mismo proceso estaba implicado Ronaldo Herazo Bertel, "Rildo", como era conocido y a quien señalaban ser el "cerebro" del denominado cartel de enfermos mentales y quien fungía como contador de la familia Guerra.  A este lo declararon responsable del delito de enriquecimiento ilícito de particulares, condenándolo a la pena de 8 años y el pago de una multa por 1.367 millones de pesos. Pero en este último caso Rildo salió bien librado, y no precisamente porque no fuera responsable de los hechos atribuidos, sino porque los tiempos para que las autoridades se pronunciaran, en este caso sobre la apelación de esa sentencia condenatoria, se vencieron. Así las cosas, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, en sentencia de este 1° de octubre de 2024, declaró prescrita la acción penal en contra de Ronaldo Herazo Bertel por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares. 

¿El caso de estos implicados llevará el mismo destino que el de Ronaldo Herazo que les prescribieron dos delitos?