Sincelejo. El grupo de abogados Meléndez y Meléndez dio a conocer este viernes 13 de octubre seis acciones legales contra el cobro del Impuesto Predial Unificado en Sincelejo y los actos administrativos que la posibilitaron.

Comerciantes y empresarios, afectados por los altos costos del predial, a través de la unión temporal "Defensa de los Contribuyentes de Sincelejo Catastro 2023", dieron poder a la firma de abogados para los procesos.

La firma M y M es liderada por el abogado Inocencio Meléndez Julio, quien explicó que “los comerciantes y empresarios iniciaron la defensa del interés público sobre la gestión catastral, que concluyó en el cobro de un Impuesto Predial desproporcionado, que desborda la capacidad adquisitiva de los propietarios y poseedores de bienes inmuebles, pero que además no corresponde al entorno económico establecido en la postpandemia por las políticas de estimulación de la economía".

Argumentos 

Las acciones se sustentan en el Plan Nacional de Desarrollo, Artículo 79, que declara la gestión catastral como servicio público y pone en cabeza de la Superintendencia de Notariado y Registro la capacidad de ser inspector, vigilante y control de la gestión catastral de todos los operadores en el país.

Se argumenta que en el Estatuto Tributario el Concejo omitió la regulación para no afectar a los actores comerciales y empresariales, protegidos en las normas tras la pandemia. 

Demandas 

La primera es la solicitud a Supernotariado que abra expediente contra la gestión catastral de Sincelejo. Que declare medidas cautelares para frenar los efectos negativos. Suspender los efectos de la Resolución 1030, que habilitó al Municipio como gestor catastral. Que se suspendan los afectos de la Resolución 2598, en que se acogen los productos de la gestión catastral. Que se deje sin efectos la contratación del operador catastral "Área Metropolitana de Barranquilla" y que en reemplazo del Municipio como gestor y designe nuevamente al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac). 

Nulidad simple

Previo a la acción popular, se radicó ante la Alcaldía la solicitud de protección de los derechos colectivos dando por terminado el contrato con Área Metropolitana, que se levanten los efectos de los actos administrativos de la liquidación del Predial con esa tarifa. Se solicita que se deje sin efectos los avalúos comerciales para efectos de la liquidación de la tarifa.    

Finalmente se pide revocar la totalidad de los actos administrativos que dieron origen a la liquidación del Impuesto Predial en la ciudad. 

Meléndez dijo que si responden que no, basados en un posible detrimento, se acude al acompañamiento de la Contraloría Delegada para el Sector Social con un control preventivo en la ciudad y que defina la afectación o no al patrimonio público.

Se recurrió al principio de especialidad para que el Igac, autoridad catastral en Colombia, haga auditoría a los productos del contrato de actualización catastral.

Demanda 

Se demanda el contrato con Área Metropolitana de Barranquilla, por $15 mil millones, pidiendo la nulidad absoluta. Por que el contrato fue suscrito como de apoyo a la gestión, cuando realmente se cumple uno de suministro y no debió ser contratado de manera directa sino a través de licitación pública. Se pide nulidad por objeto ilícito. La próxima semana, dijo Meléndez, se radicaría ante el Tribunal Administrativo la demanda contra los actos administrativos demandados en el acto de nulidad simple.