Montería. Las denuncias de los docentes fantasmas que a mediados del año anterior el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, hizo por las presuntas irregularidades en la nómina de maestros del departamento en la administración anterior, parece que se quedaron cortas y así lo denunció en un debate en la Asamblea, el diputado Gabriel Calle Aguas, quien si bien valoró el hecho de que el mandatario se atreviera a informar los hechos, le pidió que aportara la documentación para adelantar un debate de control político.

Y es que ahora están bajo sospecha mil 823 nombramientos de profesores que se hicieron entre 2020 y 2023, durante el mandato de Orlando Benítez Mora, incluso, algunos de 2024.

"El gobernador Erasmo Zuleta denunció la identificación de 19 docentes sospechosos, pero nosotros hemos encontrado que hay un listado más largo de sospechosos. Entre 2020 y 2024 se registraron mil 823 nuevos docentes en el departamento, eso significa el pago de 216 mil millones de pesos al año y si son 19, hablamos de 2 mil 260 millones anuales", denunció Calle Aguas.

El diputado afirmó que con la información que facilite el Gobernador sumada a la que él ha recopilado, los cordobeses podrán conocer cuántos de esos mil 823 profesores son reales y cuántos son fantasmas, pero además, determinar el posible detrimento a las arcas del departamento.

La denuncia del diputado Gabriel Calle es de la mayor gravedad ya que se había dado por superado las irregularidades al interior de la Secretaría de Educación Departamental, que por muchos años fue sometida a un saqueo a través del escándalo de 'Carrusel de la Educación', que involucró a funcionarios de esa cartera, así como a abogados, jueces, fiscales y docentes que se prestaron para desfalcar al departamento, en cerca de 400 mil millones de pesos. Sin embargo, al parecer aún persisten algunos funcionarios con las viejas mañas.

El gobernador Zuleta Bechara aseguró en su momento: "Unos cuantos funcionarios de esa Secretaría realizaron hechos incorrectos modificando la nómina en el pasado, e incluyendo a personas haciéndolos pasar como afiliados del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con el fin de obtener el dinero de las remuneraciones y prestaciones sociales". 

En diciembre pasado, El Meridiano detectó que la Fiscalía y Procuraduría General investigaban la comisión de posibles delitos de peculado por apropiación, fraude procesal, obtención de documento público falso y falsedad ideológica en documento público, al detectar que uno de los docentes fantasmas era en realidad un maestro de obra a quien suplantaron.

Con las denuncias que se vienen realizando ahora lo que se espera son los resultados de las investigaciones de este caso que parece una culebra de siete cabezas.