19 de abril de 2024
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Carlos Guerra deberá responderle a la Procuraduría

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3 de dic. de 2022

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Redacción. Por presuntamente incumplir su deber de suministrar información para la sección primera instancia de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP sobre los cementerios de San Onofre y Rincón del Mar, la Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el exsecretario de Gobierno departamental Carlos Arturo Guerra Sierra.
En ese pliego de cargos, el Ministerio Público investiga los presuntos incumplimientos del exsecretario a las solicitudes realizadas por la JEP, entre las fechas del 14 de noviembre de 2018 y el 21 de noviembre de 2019, para consolidar la información de personas desaparecidas particularmente en esta región del país.
Es así como la JEP le solicitó de manera urgente proteger los lugares en los que estarían cuerpos esqueletizados de ciudadanos desaparecidos, y así mismo, garantizar el derecho de las víctimas a la búsqueda y exhumación.

Por lo anterior, el ente de control calificó provisionalmente la falta del investigado como grave, a título de culpa gravísima.

La Procuraduría Regional de Instrucción de Sucre afirmó en su decisión que "…para la fecha de la solicitud ya el disciplinado llevaba más de 2 años en el cargo de secretario de Gobierno del departamento de Sucre, por lo que debía tener conocimiento suficiente sobre la existencia del número de personas dadas por desaparecidas, presencia de cadáveres o restos humanos no identificados…".

Protección
Es de anotar que la Jurisdicción Especial para la Paz ordenó a las autoridades (Alcaldía de San Onofre y Gobernación de Sucre) proteger esos campos santos donde están enterrados personas desaparecidas por las extintas AUC.
Dentro de esas órdenes también está la de adoptar medidas restaurativas en el tema de memoria histórica. La finca El Palmar, donde se presume que hay más de 500 cuerpos de personas desaparecidas, tenía un monumento de memoria que ya no existe. Por esta razón, el tribunal ordenó a la Alcaldía de San Onofre y a la Gobernación de Sucre que proyectaran unos recursos necesarios del presupuesto para la reconstrucción del monumento de memoria.