Montería. Uniéndose a la voz de varios de sus colegas capitalinos, ante la necesidad de implementar varios cambios al sistema carcelario del país, el alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia Sanín, expresó que esta es una problemática que se debe solucionar entre todos.

"El tema carcelario tiene que ser objeto de un cambio que permita a los municipios y ciudades capitales un mejor manejo de la población sindicada privada de la libertad. El hacinamiento no es responsabilidad exclusiva de los municipios", indicó Ordosgoitia Sanín.

Hay que indicar que Asocapitales impulsa la ley de cárceles mediante la que se establecen parámetros claros para el manejo carcelario. Los que buscan reducir los porcentajes de hacinamiento.

Desde Asocapitales se ve con preocupación la apertura de investigaciones disciplinarias en las ciudades de Ibagué, Cali, Riohacha, Valledupar y Bogotá y se ha solicitado a la Procuraduría General que revise los alcances de una sentencia "la cual involucra además de los municipios, a la Nación y departamentos en la búsqueda de nuevos cupos y financiación para la mejora y adecuación de la infraestructura carcelaria existente, la construcción de cárceles y todas las medidas necesarias y adecuadas para garantizar los mínimos de habitabilidad digna de la detención preventiva".

El alcalde de Montería, aseguró que "debemos partir del hecho que los municipios son heterogéneos, lo que hace que sus presupuestos varíen y que tengan diversas particularidades. Eso nos obliga a abordar soluciones al sistema carcelario y penitenciario del país para equilibrar la balanza entre unos y otros".
Además hizo énfasis en que "una nueva ley carcelaria es oportuna y pertinente, debido a la compleja situación que afronta este sistema; el que padece de problemas estructurales y de financiación, que se están viendo reflejados en el hacinamiento de cárceles, Unidades de Reacción Inmediata (y estaciones de Policía. Es necesario definir de manera clara y expresa la competencia de cada uno de los entes, sobre el manejo y responsabilidad de la población sindicada del sistema carcelario".

Existen ciudades con recursos para la construcción de cárceles, pero estas no han contado con el aval o permisos por parte del Gobierno Nacional para avanzar con dichos proyectos.

"Invitamos respetuosamente a las autoridades competentes, Gobierno Nacional, Inpec y a todas las entidades territoriales a que también respondan en este proceso, teniendo en cuenta el constante esfuerzo adelantado por los mandatarios de las ciudades capitales. La sociedad y la Corte Constitucional esperan medidas a corto plazo para superar esta situación. Reiteramos que sin el aporte de todas las partes involucradas, no será posible hacerlo", puntualiza el comunicado de Asocapitales.
Por su parte, el mandatario de Montería aseguró que "la competencia debe estar relacionada con la gravedad de los hechos punibles cometidos. Es decir, que los delitos de mayor gravedad deben ser atendidos por el Gobierno Nacional; los de mediana complejidad, por los departamentos, y los de menos lesividad, por las ciudades capitales y municipios".

También aseguró que debe quedar definido que los departamentos y municipios responderán por la población sindicada, de acuerdo al territorio de comisión del delito y no por la figura del arraigo procesal. A lo que se suma que los departamentos, además de hacerse cargo de los sindicados de mediana complejidad, deberán asumir a quienes estén detenidos preventivamente en los municipios de 4ª, 5ª y 6ª categoría.

Finalmente, Ordosgoitia Sanin expresó que es urgente "encontrar un modelo económico que nos sirva a todos. Por eso, se vuelven muy importantes propuestas como la creación de un fondo de multas penales, que distribuya lo recaudado a los entes territoriales para la construcción de cárceles e infraestructuras de detención, o los pagos de fianzas para cierto tipo de delitos. La responsabilidad carcelaria y penitenciaria es de todos".