Tolú. Ariel Alvarado Montes deberá resarcirle a Tolú cinco mil novecientos treinta y nueve millones de pesos porque, presuntamente, desfalcó las arcas del municipio, cuando fungió como alcalde (2012-2015), girándole una cuantiosa suma de dineros a personas particulares.

Así lo dispuso la Contraloría Departamental de Sucre, que dirige Gabriel de la Ossa, tras emitir un fallo con responsabilidad fiscal por la cuantía en mención.

La medida también cobija al entonces tesorero de ese municipio Albeiro Galindo Molina.

Los hechos por los cuales fueron procesados los exfuncionarios se derivan de un hallazgo fiscal detectado a través de una auditoría regular que el ente de control le hizo al Municipio, de la vigencia fiscal 2015-2016.

Según la Contraloría el fallo con responsabilidad fiscal se originó por el pago, que, desde la Tesorería, les realizaron a unos particulares dentro de un proceso de jurisdicción coactiva llevado por la Alcaldía, por concepto del cobro del impuesto de alumbrado público a cargos de contribuyentes especiales del municipio.

La Contraloría halló que esas personas a quien el exmandatario y el extesorero les pagaron, nada tenían que ver con el proceso en mención y fueron beneficiados con los recursos públicos.

En los años de historia que tiene la Contraloría Departamental de Sucre, es la primera vez que se emite un fallo con responsabilidad fiscal tan cuantioso contra un exmandatario.

Señaló el ente de control, que los dineros de los cuales se apropiaron los particulares eran de propiedad del Municipio, frutos de embargos que realizó la Alcaldía. Estos dineros eran autorizados por los mencionados responsables fiscales ante el Banco Agrario de Tolú de la Cuenta de Depósitos Judiciales, en donde tenían que llegar todos los dineros embargados en los procesos de cobros coactivos en mención.

Una vez los dineros estuvieron en la cuenta de Depósitos Judiciales, de la Alcaldía, deberían ser girados al encargo fiduciario constituido entre el consorcio de alumbrado público Iluminarias de Tolú y la Alcaldía, quien era la empresa encargada de dicho alumbrado público, pero estos dineros no fueron al encargo fiduciario, sino que fueron autorizados, entregados y cobrados por los particulares, mediante títulos judiciales, claro, con previa autorización de Alvarado y de Galindo.

Finalmente indica el ente de control que la Alcaldía resultó gananciosa en este proceso de responsabilidad fiscal, toda vez que recibió, por parte de la compañía aseguradora, la Previsora S.A, el pago de $216.000000, derivado de la póliza de seguros.