Por: Daniela Pérez Vásquez.

Con la llegada del nuevo gobierno también vuelve y juega el inacabable debate en torno a la prohibición o regularización de las aplicaciones que ofrecen servicios de transporte público. Este debate de novedoso no tiene nada, varios borradores de proyectos de ley se han realizado a lo largo de los casi diez años que llevan estas plataformas operando en el país, pero ninguno se ha materializado. Claramente, el gremio de los taxistas se opone férreamente a estas aplicaciones alegando una competencia desleal, mientas que voceros de las aplicaciones digitales convocan un discurso más de tipo regulatorio que prohibicionista, pues en ellas, muchas familias en Colombia han encontrado su sustento.

Lo cierto es, que cada que surge este debate, el gremio de los taxistas se envalentona y su polémico vocero sale a medios de comunicación a dar alaridos y arremeter en contra de todo aquel que piense distinto a él. Tan estridente personaje es solo la fiel representación de lo que significa tomar un taxi en Colombia: incómodo y no una experiencia muy placentera. No es justo generalizar, pero si podemos estar de acuerdo en que la mayoría de estos carros amarillos no se encuentra en el mejor estado y muchos de los conductores no prestan un buen servicio, algunos incluso tienen el descaro de no prestar el servicio exclamando el típico “yo para allá no voy”.

Lo grave de este debate es que, el usuario, que debería estar en el centro de la discusión, parece siempre ser dejado de lado. Una iniciativa de esta envergadura debería tener en consideración a su principal actor. La tal “competencia desleal” a la que se refieren los amarillos se escuda detrás de una sed monopolizadora que a toda costa debe ser evitada por los entes de control y el gobierno nacional, en aras de proteger a los usuarios y de establecer al país como un lugar amigable con las inversiones extranjeras, la tecnología y la innovación. Es apenas lógico pensar en una regulación, tal y como ha sucedido en otros países, pero a estas alturas las plataformas tecnológicas ya tienen mucho tiempo operando y pueden refugiarse en amparos jurídicos, como el parecido al que acoge a los vendedores ambulantes. La confianza y la costumbre de la que ya gozan es fundamental y les sirve para ganar el debate, y por el bien de todos, ojalá así sea. Los taxis prestan un servicio deficiente y no alcanzan a cubrir la demanda, estas plataformas aportan en la solución del problema de movilidad y prohibirlas sería un gran error y un retroceso.