Por: Édgar Arrieta González.

La política es éticamente mala si se vale de procedimientos impropios para fines aparentemente justos y necesarios. ¿Qué se quiere decir? Que puede ser justa la defensa de un objetivo político, pero, si se hace a través de procedimientos inmorales, se falla contra la ética pública, se falla contra la moral. Precisamente por esa violación ética de la política es que hemos llegado a tanta degradación en nuestro país, ya que puede ser justa la defensa de un objetivo político, pero si se hace a través de procedimientos inmorales, se falla contra la ética política, se falla contra la moral, tal parece que el objetivo fuera seguir el camino perverso que salve la consecución de objetivos propuestos.
Los Colombianos nos encontramos desconcertados ante la corrupción que hoy nos invade, ya que un alto porcentaje de sus administradores y funcionarios se encuentran investigados con pruebas contundentes y no pasa nada, es por ello que desde estos momentos debemos comenzar a analizar y sacar conclusiones conscientemente de quien debe nuestro futuro gobernador(a), Alcalde(a), Diputados(as) y Concejales, a elegir el 29 de octubre de 2023, ya que hemos tenido el tiempo suficiente de haberlos analizado, dejando a un lado aquellos que usan abusivamente la voluntad de las mayorías abriendo caminos a la corrupción, porque la democracia no consiste en que haya apoyo popular a las barbaridades degradantes de muchos funcionarios, sino que haya reglas que codifiquen el derecho absoluto del hombre a gobernarse bajo su propia autonomía, pues, la participación tenemos que entenderla como un proceso de intervención en el que actuamos de manera autónoma, en función de intereses diversos que busquen la consecución de un conjunto de metas y resultados cuyo propósito sea el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades
Sería saludable que el nuevo Gobernador(a), Alcaldes(as), Diputados(as) y Concejales gestionen 100% programas sociales, promuevan y fomenten la intervención ciudadana y de organizaciones sociales donde las comunidades propongan estrategias y escenarios de fortalecimiento ciudadano por diversas vías para lograr una intervención activa y positiva en el ámbito de lo público y por ende garantizar el bienestar comunitario. En esa medida, la ciudadanía tendría la oportunidad de intervenir activamente en la gestión pública, en la formulación, seguimiento y evaluaciones honestas de las actividades administrativas. A los “lideres” ciudadanos, actúen con honestidad, no trafiquen económicamente con las necesidades de sus comunidades y comprometan a sus jefes políticos a solucionar sus problemas prioritarios.