Por: Éder Valeta López

El aumento del impuesto predial en Sincelejo se veía venir. ¡Ocurrió este año y de qué manera! Fue tan impactante que se tramitan demandas y masivas reclamaciones por parte de los contribuyentes para lograr reducir los nuevos avalúos y el valor de los impuestos. Se incumplieron reglas en la actualización catastral, pues las visitas no incluyeron medición de construcciones, estas fueron de escritorio.

Las declaraciones oficiales para justificar el alza no convencen a los ciudadanos, quienes censuran los exagerados cambios en la valuación de inmuebles y los altos costos del tributo.  El cumplimiento de la ley es el principal argumento, pues como la actualización no se realizó en gobierno anterior, al actual le resultaba forzoso hacerlo.  Y tienen razón, pues el IGAC territorial no mostró   capacidad operativa para realizarla; tampoco se había reglamentado la ley del catastro multipropósito, que ahora ofrece alternativa con nuevos actores, gestor y operador catastral.

Advierte el jefe de hacienda que el avalúo catastral de la ciudad pasó de 3.0  a 7.9 billones de pesos, es decir que el valor inmobiliario creció el 263%, y asume que tal incremento impulsará automáticamente el ascenso del Municipio a primera categoría. Cabalgando sobre el aumento a rajatabla, aspira a loable meta. Concluye, que para atenuar el impacto en el valor del impuesto predial, se determinó un avalúo catastral del 60% del valor comercial y otorgó un descuento temporal, muy restringido, del 25%.

Sin embargo, la combinación de otras estrategias y acciones para darle consistencia al proceso y obtener un recaudo mayor y sostenido pudo evitarle al Municipio la incertidumbre que hoy lo ronda jurídicamente para sacarle jugo fiscal al nuevo catastro: Verificar técnicamente en sitio, los aumentos de área construida debió ser prioritario; disminuir razonablemente la tarifa para   lotes,    moderaba el exorbitante incremento del tributo en este uso, evento necesario, pues aquí se cobra la máxima legal; modelar fiscal y socialmente los impactos del avalúo por zonas, por estratos, barrios y usos era una tarea imprescindible con el fin de decretar simultáneamente ajustes tarifarios; y, por último, concretar el cobro coactivo de la alta cartera morosa al 65% de los contribuyentes del municipio que no pagan, es aún tarea pendiente.

Por ello, no es de recibo que una administración de muy escasos logros y aumento desmedido del gasto burocrático, disponga exageradas alzas en impuestos, cuando precisamente se registran la más alta inflación de este siglo y   niveles de inseguridad, informalidad, desorden y desempleo disparados.  ¡Todo un coctel explosivo!

Sí, hay que cumplir la ley, pero las decisiones con efectos tributarios deben siempre consultar la realidad socioeconómica circundante. Más, cuando salimos de pandemia y entramos a una desaceleración económica.