Alcalde de Tierralta a responder en la Contraloría por invertir en predio privado

Montería. La Contraloría General del Departamento de Córdoba abrió indagación preliminar por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en la Alcaldía de Tierralta y que están relacionadas con las inversiones hechas en un predio privado sin autorización de su propietaria.

Tal como lo había anunciado El Meridiano en su edición del pasado viernes, en el despojo de la finca Puerto Rico, ubicada en el corregimiento Batata, zona rural de Tierralta, paradójicamente están involucrados funcionarios del Estado. Primero fue la Agencia Nacional de Tierras (ANT), luego el Ministerio de Agricultura, ambas entidades reconocieron que hubo errores en la entrega del predio a cerca de 65 familias campesinas del Alto Sinú.

Ahora la dueña de la finca, Adriana Gómez Echenique junto a sus abogados Alonso López Rhenals y William Quintero Villarreal, le solicitaron a la Contraloría General de la República indagar por las inversiones hechas por el alcalde de Tierralta, Daniel Montero Montes en la mencionada finca y que tienen que ver con la construcción de una institución educativa, sin las debidas autorizaciones de su propietaria lo que se puede convertir en posibles delitos, ente ellos y celebración indebida de contrato.

Todo lo que ha pasado con la entrega a campesinos de la finca Puerto Rico por parte de autoridades nacionales y municipales solo confirman la falta de planeación en este tipo de procesos, en los que al final terminarán pagando todos los colombianos por tanta improvisación.

Así las cosas, el actual alcalde, Daniel Montero deberá dar las explicaciones ante el organismo de control por las inversiones que hizo su administración en la institución educativa, al igual que sus antecesores, que hicieron parte de la construcción de esa estructura con recursos públicos en un predio privado.

Y es que desde la parte denunciante se preguntan, ¿cómo la Alcaldía de Tierralta invierte en una obra sin el estudio legal del predio? y ¿cómo se aprobaron los recursos sin estudios técnicos y jurídicos del proyecto?

Este colegio recibe a cerca de 50 niños del corregimiento Batata y veredas cercanas, quienes están en riesgo de perder su sede escolar. Sin embargo, tal como lo han planteado los campesinos que se beneficiaron con el predio, el Gobierno Nacional tiene el balón en su campo y será este el que defina qué pasará con su futuro ante el reconocimiento de que la finca tiene una propietaria reconocida por el mismo Estado.