Por Rafael González Guerrero

Debido a la ola de homicidios, que ya completó 56 en este año, el alcalde de Sincelejo, a través de su cuenta de twitter, lanzó un llamado de auxilio al Gobierno nacional y al estamento militar y policial. Textualmente, dijo "Lanzo un S.O.S por el bienestar de mi población y solicito medidas inmediatas para contrarrestar la criminalidad. Necesitamos una policía metropolitana ya".

La ley les otorga a los alcaldes herramientas necesarias para encarar tales situaciones. En su artículo 315, la Constitución manifiesta que el alcalde es la primera autoridad de policía, la que debe cumplir y acatar sus órdenes. Igualmente, la ley 136 de 1994, en su artículo 91 modificado por el art. 29 de la ley 1551 de 2012, enseña en relación con el orden público que los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el presidente de la República o gobernador respectivo, requerir el auxilio de la fuerza armada, servir como agentes del Presidente en el mantenimiento del orden público y actuar como jefes de policía para mantener la seguridad y la convivencia ciudadana. A su vez, la ley 2197 de 2022, expresa que son atribuciones del alcalde dirigir y coordinar las autoridades de Policía en el municipio o distrito y ejercer la función de Policía para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades públicas, así como el cumplimiento de los deberes de conformidad con la Constitución, la ley y las ordenanzas.

Así las cosas, las herramientas jurídicas están dadas para que el burgomaestre pueda ejercer la acción de policía mediante órdenes determinantes para conjurar el orden público. Y una de esas herramientas es la intervención de las fuerzas armadas cuando el cuerpo de policía no es suficiente para que ese orden público vuelva a la normalidad.

Es lo que se llama la militarización transitoria de la ciudad, a la que debe recurrirse en defensa de la gente con respaldo en la ley.
Ahora bien, todo parece indicar que las 56 o más muertes que han acaecido, son consecuencia de la reyerta entre bandas organizadas por el predominio del territorio para el microtráfico, lo que significa que estamos ante una situación delicada que debe ser tratada, no solo con represión, sino con la implementación de un programa social que abarque primordialmente la cohesión familiar, perdida ahora en los hogares por la transgresión de la jerarquía en la relación mando-obediencia, sin la tradicional figura del páter familia.
Está bien que se pida auxilio al Gobierno central, pero mientras llega deben utilizarse las facultades propias de la función municipal.