La Fiscalía General de la Nación abrió indagación preliminar en contra de la canciller Laura Sarabia por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir agravado.

Los hechos tienen origen en una denuncia hecha por la Red Veedurías en 2024, que pidió la investigación de algunas compañías familiares de Sarabia, las cuales habían aumentado su patrimonio extrañamente mientras ella estaba en distintos cargos públicos.

El caso fue asumido por la Fiscalía Décima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que solicitó varias pruebas a la Presidencia de la República, entre ellas los registros de salarios, viáticos, compensaciones y cualquier otro factor remuneratorio, de la ministra mientras estuvo a cargo del Dapre.

Al respecto, la defensa de Laura Sarabia sostuvo que la denuncia hace parte de una campaña de desprestigio en su contra.

"Es una de las 33 campañas de descrédito en su contra. Laura Sarabia ha puesto a disposición de la Fiscalía toda su información financiera, patrimonial y fiscal. No tiene nada que ocultar. En su contra no existen acusaciones penales ni juicios pendientes", declaró Lina Sandoval, abogada de la funcionaria.