La Procuraduría General de la Nación le abrió indagación previa a funcionarios por determinar de las alcaldías de Sincelejo, Coveñas, Tolú, Toluviejo, Morroa, Palmito, Los Palmitos, Betulia y San Onofre por la situación de hacinamiento que se presenta en los centros de detención transitoria y estaciones de policía.
El ente disciplinario evidenció la grave situación de hacinamiento en la que actualmente se encuentran las personas privadas de la libertad de forma transitoria, en las inspecciones, estaciones, subestaciones de policía y unidades de reacción inmediata (URI) de estos municipios.
El ente de control investiga un presunto incumplimiento de las obligaciones legales establecidas en los artículos 17 y 19 de la Ley 65 de 1993, a cargo de los entes territoriales para la atención de PPL en condición de sindicados, y de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la primera fase del plan de acción establecido en la sentencia SU-122 de 2022.