Redacción. Con relación a las advertencias de peligro en la realización de las corralejas de Sincelejo, que la Procuraduría General de la Nación le informó, a través de un oficio al alcalde Andrés Gómez, este le dijo a El Meridiano que "eso es falso" puesto que ha la Alcaldía no había llegado ningún oficio.
Entre tanto, el secretario de Infraestructura municipal, Erbert Rosa, señaló que él solo conoce un oficio que llegó el 18 de enero en el que la Procuraduría solicita copia del expediente (todo lo relacionado con la documentación de las corralejas). Ese oficio, dijo el funcionario que lo respondieron el 19 de enero.
Lo curioso es que esas advertencias llegan cuando ya las corralejas han comenzado y las mismas culminan hoy.
Pues la información la entregó el Ministerio Público la tarde del sábado y en ella señala que luego de revisar la información y posterior al Comité Municipal de Gestión del Riesgo del pasado 17 de enero de 2023, la Procuraduría evidenció una autorización precipitada del evento, la escasa preparación de la Gestión del Riesgo de Desastres y una verificación insuficiente a la infraestructura corraleja.
Dijo el Ministerio Público que los peligros se identificaron tras ellos recibir y analizar la documentación relacionada con los procedimientos administrativos adelantados para la autorización del evento y la debida reglamentación para la construcción de la infraestructura en el municipio.

Las corralejas terminan hoy en Sincelejo y la Procuraduría, aunque emitió tal concepto, lo hizo tarde en consideración a que hay poco tiempo para tomar correctivos.

El ente de control identificó que, aunque el evento estaba programado para iniciar el 18 de enero de 2023 a partir de las 2:00 p. m., para el momento en que se realizó el Comité Municipal de Gestión del Riesgo, aún no se había expedido el acto administrativo por medio del cual se autorizaba la realización de las corralejas.
La Procuraduría dejó constancia de que el Plan de Emergencias y Contingencias para Eventos de Afluencia Masiva de Público, fue aprobado sin haber sido evaluado, con la debida antelación, por el Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres (CLOPAD). Además, dada la naturaleza del evento a desarrollar, no se hizo referencia a los criterios orientadores bajo los que se autorizó su realización y a los instrumentos con los cuales se daba cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional en la Sentencia C-666 de 2010.
Adicionalmente, se identificó que los soportes solicitados a la Alcaldía sobre las orientaciones, recomendaciones y directrices de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, UNGRD, "Guía Técnica para la reglamentación local de eventos con aglomeraciones de público", estaba incompleta y para el momento de la sesión del Comité Municipal de Gestión del Riesgo, aún no se contaba con la versión final del PEC definitivo debidamente aprobado.
La Procuraduría también evidenció deficiencias en cuanto al personal logístico, médico y de enfermería disponible para la realización del evento, esto en relación con el control de aforo y en virtud de la boletería autorizada (7.300 personas), contrastada con el aforo máximo permitido en la infraestructura de la corraleja (6.500 personas), entre otros aspectos exigidos en las citadas normas, que son necesarios para poder evaluar técnicamente la efectividad del PEC.
En relación con la descripción para el manejo y disposición final de residuos sólidos o de los animales que eventualmente murieran en el desarrollo del evento, no fue claro cómo se desarrolló el Plan de Manejo Ambiental (PMA). En el mismo sentido, se evidenció que el personal destinado para el Plan de Manejo de Tráfico (PMT) resultaría ser insuficiente en relación con la ubicación del sitio.
Finalmente, la Procuraduría identificó una verificación insuficiente a la infraestructura de la corraleja. Sobre este punto se solicitó información frente a los protocolos usados para la prueba de carga y los resultados de esta, ya que, para la fecha, no se contaba con un informe definitivo o certificación final de satisfacción de la prueba, ni los protocolos empleados.