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Por Redacción El Meridiano | 2017-04-21 00:00:00

Plata iba para el bolsillo

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) generó la alerta para el Banco y el Municipio en el año 2012 sobre el robo disimulado que se le estaba haciendo a San Pelayo al consignar en cuentas personales.

 

Las autoridades siguen investigando sobre el destino de recursos de la salud y de la Ley 550, en la época en que Oswaldo Negrete Causil fue alcalde de San Pelayo. Misaela Galván Sánchez (recuadro) pagó desde una cuenta personal acreencias de la Ley 550 a extrabajadores del Municipio.


La Fiscalía radicó el escrito de acusación contra Misaela Rosa Galván Sánchez y Martín Gregorio Petro Plaza por los presuntos delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito.

Las dos personas están siendo investigadas por la Fiscalía porque se consignó, en una cuenta privada, dineros destinados para pagar compromisos a exempleados como acreedores del Municipio dentro de la Ley 550 a la que se acogió San Pelayo en el año 2010.

EL MERIDIANO habló con dos de las personas que trabajaron con el Municipio y a quienes el ente territorial les adeudaba una plata, de la cual no les pagaron la totalidad de los recursos sino un porcentaje de ella. 

La historia

En junio del año 2010 el municipio firmó, teniendo la venia del Concejo, un acuerdo de reestructuración de pasivos, se acogieron a la Ley 550.  Para pagar a los acreedores del Municipio se determinó que se tomarían recursos de regalías, -el 65 % de ellas- que estaban congeladas desde el año 2008.

El Gobierno Nacional descongeló las regalías en  octubre del 2011. Ese año se giraron para el pago de acreedores 5 mil 500 millones de pesos, que eran el 65 % de las regalías congeladas. 

Debemos mencionar que para esa fecha faltaban tres meses para terminar el período del alcalde Oswaldo Negrete Causil.

En ese período Misaela Galván Sánchez, funcionaria de carrera administrativa del Municipio, se desempeñaba como secretaria del Comité de Reestructuración de Pasivos. Y el abogado Martín Petro Plaza era el apoderado de varios de los extrabajadores que esperaban que el Municipio les pagara acreencias por cesantías y primas que les adeudaban desde la década del 90, las más viejas.

Dos de esas personas son Hugo Padilla Contreras y Luz Marina Berrocal Guerra, con las que habló EL MERIDIANO.

Padilla Contreras, quien se desempeñó como secretario de Educación entre el 2004 y 2005 considera que le robaron. Su liquidación era de 42 millones de pesos y solo recibió 20 millones. La explicación que le entregó el abogado Petro Plaza era que el resto eran sus honorarios y lo que le tocó pagar en el recorrido de la cuenta. "A mi me pagaron con un cheque del Banco de Bogotá, el apoderado me dijo que el resto, los 22 millones, habían sido para pagarle a él y para los que ayudaron a sacar la cuenta. Sé que me robaron, yo pequé por inocente", dice Hugo Padilla.

Luz Marina Berrocal Guerra, trabajó entre el 1996 y 1997 como asistente de la Gestora Social. "Yo nunca supe cuánto debía recibir. Me dieron 17 millones con un cheque de la cuenta personal de Misaela. Después escuché que a la gente le habían dado menos plata y me fui a averiguar cuánto me tocaba, me enteré que debía recibir $40 millones. El abogado me cobró por honorarios el 60 %", anota Luz Marina Berrocal.

TE RECORDAMOS

El 26 de enero se realizó en Cereté la audiencia de imputación de cargos, a la cual no se allanaron las dos personas, la primera funcionaria en ejercicio del municipio de San Pelayo, y el segundo, abogado.  En el Gobierno de Oswaldo Negrete, la Contraloría Departamental, encontró que se entregaron recursos públicos de la salud a empresas inexistentes.


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