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Por Redacción El Meridiano | 2018-12-06 00:00:00

Manipularon créditos

Las audiencias concentradas duraron más de 10 días.

La jueza segunda penal municipal de Sincelejo  afirmó durante la decisión de la medida de aseguramiento a los nueve capturados por la presunta defraudación que se habría dado en la Secretaría de Educación de Sucre y en la que hay cinco funcionarios involucrados, que  estos, junto con los cuatro particulares, llegaron a manipular las capacidades crediticias de los docentes.

Los procesados, que antier fueron cobijados con medida de aseguramiento, son Martha Campo, encargada del sistema de libranzas; Eloy Pérez, líder de Recursos Humanos; Libia Meza, encargada de los embargos; Álvaro Romero Coley, que maneja el sistema de nómina, e  Isaac Paternina, manejaba libranzas y pagos a maestros. 

También los particulares Diego Sánchez, Édwar Hernández Pérez, Lina M. Paternina y Mary Cruz Corrales.

 De otra parte, señaló la jueza que los particulares no solo contaron con el apoyo de Libia Meza para que se encargara de liberar nóminas  u oficios de embargos falsos, sino que a través de Isaac y Álvaro lograron irregularmente modificar los accesos al sistema de información en la introducción de libranzas.

Por lo anterior, concluyó la jueza que esa "era la estructura que obró al interior de la Gobernación de Sucre" y en la que Eloy Pérez tuvo un actuar omisivo, si bien no dentro de la organización, con su conducta permitió que dicha organización operara por largos años.

"Me llamó la atención que pese a que Isaac Paternina dejó el cargo, el reemplazo también continuó con el  mismo actuar e incluso se agrava por la relación comercial que existía entre Diego y Álvaro", expresó la jueza.

El anterior análisis y los elementos materiales probatorios llevaron a la jueza a imponer dicha medida. Sustentó sus argumentos a cada uno de ellos.

En ese orden, la jueza le informó a Diego que en él se cumplía la inferencia razonable de autoría y participación en los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y acceso abusivo al sistema informático. 

Señaló la jueza que con la ayuda de su esposa Martha Campo, Diego Sánchez lograba conseguir créditos dentro de la Gobernación para docentes que no tenían capacidad de pago, ya que él trabajaba en una cooperativa.

'Limpiaba nóminas'

En el caso de su esposa, sostuvo la jueza, colaboraba con la limpieza de las nóminas de los docentes. Para la jueza, existe un impedimento moral, pues si Diego laboraba con cooperativas, ella debió abstenerse de ingresar al sistema las libranzas. 

"Usted hizo uso de la clave del sistema y modificó de esa manera la información financiera de muchos docentes que permitió crearles capacidad crediticia cuando no la tenían", dijo la jueza.

Agregó que basándose en esa información se configura en ella concierto para delinquir.

Los nueve capturados no aceptaron los cargos endilgados por la Fiscalía.

En el caso de Álvaro Romero, manifestó que reemplazó a Isaac Paternina y se encargaba de ingresar al sistema las libranzas, pero que al menos existen ocho que fueron ingresadas irregularmente y que dos de esas las hizo a las 10:00 de la noche, cuando ya no era horario de trabajo. 

Por eso, según la jueza, él incurrió en concierto para delinquir, pues utilizó ese cargo para defraudar y perjudicar a docentes.

 Entre tanto, a Eloy Perez le dijo que fue omisivo en las políticas propias de su cargo, pese a que tenía conocimiento de las irregularidades que se estaban dando en la Secretaría.

Por su parte, a Mary Cruz Corrales le recriminó que  se quedaba con las claves de los docentes con el interés de hacerles créditos cuando no tenían la capacidad para ello. También la señaló de limpiar los comprobantes de pagos que permitían a los docentes acceder al crédito.

Indicó la jueza que Lina Paternina  y Édwar Hernández portaban paz y salvos falsos de cooperativas que posteriormente vendían a los docentes  y que estos a su vez los llevaban a la Gobernación para mostrar que ya no tenían ninguna obligación.

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La jueza segunda penal municipal señaló que se cumple en todo los nueve procesados la inferencia razonable de autoría y participación  en el delito de concierto para delinquir.. Asimismo, en algunos de  ellos el peligro y la obstrucción a la Justicia. Por eso no podían quedar en libertad, dijo.


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