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Por Redacción El Meridiano | 2018-11-09 00:10:00

Fiscalía le cayó a tres casos de corrupción

 

Cuando se creía que 9 concejales de San Carlos saldrían bien librados de la investigación que inició en 2010 la Fiscalía por autorizar al alcalde de la época Daniel Soto Ortiz para comprometer vigencias futuras e invertir en el acueducto de Carrizal, lo cual nunca se hizo, el ente acusador ya tiene el escrito de acusación por prevaricato por acción contra ellos. En igual circunstancia está el exalcalde que ya conoce sobre la  imputación de cargos. En otra investigación que adelanta la Fiscalía, el ente puso tras las rejas a tres personas que a través de la venta de víveres que eran para la Brigada 11 del Ejército, se robaron 2 mil millones. Y sobre el caso del fiscal Jorge Figueroa, en Puerto Libertador, acusado de extorsionar al comisario de familia de la localidad, el director de Fiscalía en Córdoba, Iván Márquez Barrios, dijo que se recibieron dos denuncias contra el funcionario.


Camina la investigación contra 9 concejales (3 actuales y 6 ex) de San Carlos y del exalcalde Daniel Soto Ortiz. 

La Fiscalía presentó escrito de acusación por el delito de prevaricato por acción contra los actuales concejales de San Carlos, Carlos Flórez Hernández, David Sejín Rodelo y José Alfredo Gómez, así como de los excabildantes: Fernando Gómez Ávila, Ricardo Vergara Causil, Marly Muskus Barrera, Marlene Izquierdo Causil, Juan Cantero y Oswaldo Zuleta Vertel, por haber comprometido vigencias futuras por 3 mil millones de pesos para hacer el acueducto del corregimiento de Carrizal y el alcantarillado del casco urbano de la localidad, lo cual no se hizo a pesar de que la decisión se tomó en 2010.

El ente acusador también le imputó el viernes pasado, 2 de noviembre,  al alcalde de ese entonces,  Daniel Soto Ortiz, los delitos de celebración indebida de contratos y peculado por apropiación de terceros. Imputación que ya conoció el exmandatario, de acuerdo con lo expresado por el director de Fiscalía en Córdoba, Iván Márquez Barrios.

La comunidad de San Carlos estaba pidiendo resultados del ente acusador, toda vez que la investigación comenzó  hace 8 años y los otros entes se habían pronunciado como lo hizo la Procuraduría General de la Nación que suspendió de sus cargos a los actuales cabildantes y el Tribunal Administrativo de Córdoba anuló el acto administrativo aprobado por los concejales, ya que la ley no está permitido comprometer las vigencias futuras, sobre todo en este caso que era para 20 años.

En cuatro oportunidades la audiencia de imputación de cargos por el delito de prevaricato por acción para los actuales cabildantes fue aplazada por diferentes motivos que a la vista de los sancarlenses se veía como dilación del proceso para que durmiera 'el sueño de los justos'. 

Dos denuncias

Un caso que mantiene en expectativa a la comunidad de Córdoba es el que se conoció hace un par de días entre el comisario de familia de Puerto Libertador, Guillermo León Toro, y el fiscal Jorge Figueroa por el asesinato de Ener Manjarrés, en la finca del primero. El comisario asegura que el fiscal lo estaba extorsionando para no involucrarlo en la investigación por la muerte de Manjarrés.

Sobre este tema el director de Fiscalía aseguró que ante el ente fueron radicadas dos denuncias contra el fiscal Figueroa. "En este momento están en la oficina de intervención temprana  analizándolas. Hay que esperar que llegue al fiscal radicado (turno) y es allí donde iniciará la investigación. El fiscal, quien goza de la presunción de inocencia hasta que no se le compruebe la comisión de algún delito,  hará su defensa con relación a este caso", manifestó Márquez Barrios.

La investigación contra el fiscal Figueroa iniciará a partir de las denuncias presentadas, como el caso de los audios que serán analizados por el fiscal que conozca del caso. Y deberá probar su autenticidad.

El fiscal Figueroa seguirá desempeñando sus funciones porque solo son denuncias que hicieron dos personas y la Fiscalía entrará a estudiar a fondo el caso. De igual forma, la investigación seguirá en la seccional salvo que se presente algún impedimento, que en caso de presentarse, deberá dirimirlo el director de Fiscalía en Córdoba y enviarlo, según lo determina la ley, a un fiscal distinto que no esté impedido para conocer la investigación.

Robaron a la Brigada 11

Un tema del que poco se sabe, pero del que ya se tuvieron resultados es el de la desviación de insumos del Centro  de Abastecimiento y Distribución de Servicios (Cads) de la Brigada 11. Esta desviación se venía presentando desde el 1 de junio de 2011 hasta el 25 de septiembre del año pasado, tiempo en el que se descubrió que se perdieron 2 mil  millones de pesos.

La Fiscalía inició la investigación en 2011. Pero solo en septiembre de este año el ente investigador en audiencia realizada el 6 de septiembre solicitó la orden de captura contra 4 personas, las cuales fueron autorizadas por el Juez Segundo Penal Ambulante de Montería. 

Las órdenes de captura fueron libradas contra Hernando Angulo Mass (capturado en Barranquilla), Telmo Reyes Narváez (capturado en Montería), Katy Sofía Sierra Blanquiceth y Daira Escobar Pestaña, capturadas en Yopal - Casanare. Todos tienen medida privativa de la libertad. Aunque la captura de Katy Sofía fue decretada ilegal, pero el proceso contra ella continúa.

¿Cómo se hizo?

El robo de los 2 mil millones de pesos se hizo durante seis años a través de víveres que iban con destino a las distintas guarniciones militares de la Brigada 11, pero algunos eran retenidos en el Centro de Abastecimiento y vendidos  a más bajo precio, dinero que era tomado por la persona que estaba a cargo del Cads, Dayra Escobar y el contador del Ejército, Hernando Angulo.

Los días 18, 19 y 23 de octubre pasado se escuchó en audiencia de interrogatorio a una de las indiciadas, Ketty Sierra Blanquiceth. 

Antes, el 5 de octubre se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura, formulación de imputación con aceptación de cargos por delitos de peculado por apropiación en concurso con falsedad ideológica en documento público en calidad de coautora a Dayra Luz Escobar Pestaña, quien se desempeñaba como encargada del Cads.

"La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario para Dayra Luz Escobar y para Hernando Angulo Mass, quien además de ser el coordinador financiero, era también contador. Ellos hoy están presos", manifestó el director de Fiscalía seccional Córdoba, Iván Márquez Barrios.


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