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Por Redacción El Meridiano | 2018-07-10 00:00:00

"ANT pasa por encima de la ley": Abogado

Los propietarios de las 263 hectáreas de El Vichal afirman que esa zona no es ciénaga, porque en ninguna época del año se inunda. El abogado Diego Coley Nieto, derecha, afirma que sus defendidos no son invasores, sino propietarios desde el año 1942.


Para las familias Milane Calume, Castillo Calume y Sociedad Calume Spath, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) es prevaricadora, porque está pasando por encima de la ley con tal de mostrar resultados.

El tema que tiene enfrentados a los familiares, representados parte de ellos por el abogado Diego Coley Nieto; y a la ANT, tiene que ver con 263 hectáreas de tierras en Cereté que para la Agencia son baldíos (ciénaga) mientras que los dueños, que han sido propietarios desde 1942, no lo son porque nunca se inundan.

En junio pasado la ANT realizó el desalojo del predio lo cual es para sus propietarios es un prevaricato, porque todavía está pendiente el proceso de recuperación, e incluso, el de deslinde, ya que el Consejo de Estado no ha fallado de fondo una tutela que se presentó en el 2007.

Para el abogado Coley Nieto, el funcionario que adelantó el trámite en su momento, Germán Ríos Arias, subdirector de procesos agrarios de la ANT, no estaba  autorizado para hacer ese procedimiento de restitución del bien, porque está en curso el proceso de recuperación, que no está en firme y con eso están violando el artículo 2.14.19.3.3 del Decreto 1071 de 2015, que establece que para hacer el procedimiento policivo deben estar en firme los procesos de recuperación y deslinde.

Lo que está en firme es el deslinde familiar, por ser tierras heredadas, que terminó con la Resolución 801 del Incoder en 2007.

Aunque esta resolución fue objeto de revisión desde el 2008 por parte del Consejo de Estado, este Tribunal respondió en 2017 diciendo que la Sociedad Calume Spath no tenía legitimación para instaurar una acción de tutela ya que la sociedad no era la dueña del predio, sino que era Miguel Calume Spath. 

"Nos declaramos víctimas del afán arbitrario de la Agencia de nutrir el Fondo Nacional de Tierras, a cualquier precio, pasando por encima de los derechos de las personas. El afán de ofrecer resultados, no puede ser la forma de desconocer derechos tan claros como la propiedad privada ni de violar normas de nuestro ordenamiento jurídico", manifestó el abogado Coley Nieto, quien también le envió una misiva en estos términos al director de la ANT, Miguel Samper Strouss. 

El jurista manifiesta que el objetivo del Gobierno, como no tienen tierras para repartir,  es acelerar todos los procesos que estaban en curso, y fallarlos a favor del Estado.

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Por el desalojo que  hicieron del predio El Vichal, el abogado Diego Coley denunció penal y disciplinariamente al entonces funcionario de la ANT, Germán Ríos Arias. El funcionario procedió pese a que la misma Procuraduría, que estaba presente en la diligencia, le advirtió que no podía hacerlo. Después del desalojo, en el predio se instalaron campesinos miembros de la Asociación de Campesinos de Rabolargo, pese a que la ANT le dijo a la Policía que no debía permitir su invasión.


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