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Por Redacción El Meridiano | 2018-12-06 00:00:00

Andanada contra la corrupción

En su visita a esta ciudad, el procurador general Fernando Carrillo Flórez (derecha) se descargó contra la corrupción: anunció juicios  disciplinarios para los alcaldes de Corozal y Chalán y una sanción de 12 años de inhabilidad al exgobernador Julio Guerra Tulena. También aseguró que denunciará a jueces y abogados litigantes por promover embargos contra el sector salud en Sucre. Al final de la jornada, Carrillo visitó EL MERIDIANO donde dialogó con el director de este medio, Rodrigo Ricardo Bray.


El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, llegó ayer a esta ciudad para destapar el supuesto "cartel de los embargos" a los recursos de la salud en Sucre. 

También reveló la destitución e inhabilidad por 12 años al exgobernador Julio Guerra Tulena y el llamado a juicio disciplinario a los alcaldes de Corozal y Chalán.  

Carrillo aseguró que denunciará a jueces y abogados litigantes para que sean investigados por el Consejo Superior de la Judicatura por promover embargos de los recursos de la salud.

"Es inaceptable, inexplicable, sin ninguna racionalidad es que los recursos públicos de la salud estén sometidos a ser embargados y todos sabemos que aquí hay conductas reprochables de abogados y de jueces y, oígase bien, estamos presentando una denuncia formal", reprochó.

Complicidad 

El jefe del Ministerio Público expresó que todo parece indicar que ha habido complicidad de jueces de la República en este hecho el cual catalogó de corrupción.

"En los Juzgados del Circuito de esta ciudad se están ventilando esos procesos. Las denuncias en el Consejo Seccional de la Judicatura de este departamento no avanzan y nos vamos a apersonar como Ministerio Público de que se respeten esos recursos", se comprometió. 

Aseguró que tienen identificados a los abogados que están promoviendo estas maniobras fraudulentas.

"Personalmente le voy a entregar esta carta y esta solicitud al presidente del Consejo Superior de la Judicatura en Bogotá, porque no vamos a permitir que recursos para un recurso público y para un derecho fundamental terminen en patrañas y en leguleyadas de quienes están al frente de esas estrategias", anotó.

Caso Julio Guerra T.

En lo que respecta a Guerra Tulena, gobernador en el periodo 2012-2015, el procurador aseguró que la sanción en primera instancia se originó porque modificó arbitrariamente y sin publicidad las condiciones de experiencia para participar en la adjudicación de un contrato que superó los 3.853 millones de pesos.

"El Ministerio Público comprobó que el 20 de marzo de 2013, horas antes del cierre del proceso de selección abreviada 005-2013, el gobernador de Sucre expidió la adenda 01, que modificó la experiencia que debían certificar los proponentes e impuso la exigencia de un contrato en capacitación a población vulnerable, por un valor mínimo de 27 millones 600 mil pesos.

Para la Procuraduría General de la Nación, la conducta de Julio Guerra Tulena vulneró el principio de transparencia.

Según el procurador, al proceso solo se presentó la Fundación pro-San Juan, representada por María Caridad Pérez Dancur, que obtuvo el contrato por 3 mil 853 millones 395 mil 586 pesos.

El objeto del contrato era prestar servicios para la ejecución de los proyectos de atención integral a la primera infancia para el mejoramiento de su calidad de vida en San Marcos, Morroa, San Benito y Ovejas y el apoyo alimentario y nutricional a niños y niñas, pertenecientes al programa de hogares comunitarios de Bienestar de Sincelejo, Corozal, San Marcos, Sucre y Tolú.

La falta del disciplinado fue calificada como gravísima y la Procuraduría rechazó la solicitud de la defensa encaminada a la declaratoria de incapacidad mental definitiva del exgobernador, por considerar que cuando se cometieron los hechos Guerra Tulena gozaba de sus condiciones mentales plenas.

Vivero a juicio

Carrillo también anunció que el alcalde de Corozal, Andrés Vivero León, fue citado a juicio para que responda por las presuntas irregularidades en la terminación de un convenio con la empresa Ideas SA ESP.

La Procuraduría Provincial de Sincelejo lo investiga porque presuntamente ordenó pagos por 2.500 millones de pesos a favor de dicha empresa después de la liquidación de mutuo acuerdo de un convenio interadministrativo para la gestión del servicio de alumbrado público.

El ente de control calificó provisionalmente la conducta de Andrés Vivero como gravísima a título de dolo.

El procurador afirmó que Vivero presuntamente se extralimitó en el ejercicio de sus funciones, porque supuestamente obtuvo ilícitamente beneficios a favor de terceros.

Respondió Vivero

Andrés Vivero dijo que en buena hora la Procuraduría abrió este proceso en pro de velar por los intereses de los corozaleros, ya que a su juicio, el contrato de alumbrado público es ilegal, puesto que cuando se desarrolló el proceso de licitación se hizo por contratación directa.

Además, fue un convenio interadministrativo entre una entidad pública y otra privada, otro hecho ilegal. Por ello, solicitó una auditoría a la Contraloría Departamental donde esta encontró fallas. Entre estas, que los planes de inversiones no estaban identificados.

Anotó que el contrato se liquidó bilateralmente, entre otras cosas, porque las utilidades que recibía el alumbrado público eran para Sevilla (Valle), el Instituto Municipal de Deportes de Sevilla, Serat e Ideas, pero a Corozal no le dejaba nada.

Alcalde de Chalán a juicio disciplinario

El procurador Carrillo también reveló que el alcalde de Chalán, Jáider Huertas Barreto, también fue citado a juicio disciplinario para que responda por presunta defraudación a las arcas del Estado por 80 millones de pesos.

"La Procuraduría Provincial de Sincelejo investiga a Huertas Barreto por el presunto giro de un cheque de la Alcaldía a favor de un tercero, sin que al parecer existiera vínculo contractual del beneficiario con el ente territorial, ni el debido certificado de disponibilidad y registro presupuestal", señaló Carrillo.

El órgano de control considera que Huertas pudo originar una posible defraudación al erario del ente territorial, teniendo en cuenta que en su condición de primera autoridad del municipio tenía el manejo de la cuenta corriente a nombre de la Alcaldía.

El Ministerio Público calificó la falta de Huertas como gravísima a título de dolo, por presunto peculado por apropiación a favor de terceros y porque de manera directa, consciente y voluntaria, conociendo la ilicitud sustancial habría transgredido las normas constitucionales.

El procurador se reunió con trabajadores de las Procuradurías Regional y Provincial de Sincelejo. Posteriormente visitó el Hospital Universitario de Sincelejo (HUS).

Después de una reunión a puerta cerrada con el gerente del HUS, Jorge Ducuara, y con representantes de los trabajadores, el procurador hizo varios anuncios al personal que mañana cumple un mes en paro en el Hospital.

"Cuenten con el apoyo de la Procuraduría en la defensa de sus derechos. Voy a oficiarles una carta al ministro de Salud y a la ministra de Trabajo, mañana (hoy), para que la mesa de trabajo que habrá el lunes, martes y miércoles de la otra semana aquí en Sincelejo, sea una instancia donde se sienten los responsables del Gobierno nacional y presenten soluciones que sean viables y sostenibles", expresó Carrillo.

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El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, se comprometió en que la Procuraduría Regional creará hoy y mañana un espacio de diálogo sobre la crisis que viven los trabajadores del Hospital Universitario de Sincelejo (HUS).  


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